Luisa González: Recuperaremos el sistema de salud pública que ha destruido el Gobierno de Guillermo Lasso

La candidata presidencial por el movimiento de la Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, insistió este lunes en que su Gobierno, de resultar electa en los comicios del próximo 20 de agosto, trabajará en la recuperación del sistema de salud pública que sufre menoscabo a causa de políticas neoliberales del Gobierno que actualmente preside Guillermo Lasso.

En entrevista con Radio Pichincha, la candidata remarcó que, para el área de salud, Lasso contó con la asesoría ad honorem de Carlos Cueva, propietario del grupo comercializador de productos farmacéuticos Difare, de cuyas orientaciones se desprendió el proyecto de privatización de farmacias del sistema público de salud del Ecuador.

"Nos crean el desabastecimiento y ante la necesidad de la población de que haya medicinas nos vende la solución, la solución de privatizar las farmacias que beneficia sus bolsillos. El grupo que más se ha beneficiado de la privatización de las farmacias es el grupo Difare, del asesor ad honores del presidente Guillermo Lasso", dijo González.

"Es decir, desbaratan el Estado para convertir el derecho a la salud y las medicinas en el negocio de una familia, de unos pocos", añadió la aspirante presidencial.

Recordó que el Gobierno de la Revolución Ciudadana, durante la presidencia de Rafael Correa (2007-2017), logró un abastecimiento de medicinas en hospitales de hasta 90%, lo que se traduce en acceso que los ecuatorianos tuvieron a los medicamentos que se lograban a través de compras canalizadas por El Servicio Nacional de Contratación de Obras (Secob).

Nueva política carcelaria

Además, González que es necesaria una transformación en la política carcelaria del país, lo cual debe ir acompañado por una depuración de las instituciones de Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

Sostuvo que, con base en informes del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), se debe iniciar un proceso de reducción de la población penitenciaria del país, comenzando por los casos de personas con delitos menores que hay hayan cumplido condena.

Para ello, según reflexionó, es necesaria una revisión a fondo del funcionamiento de la SNAI, de cuya gestión se desprenden irregularidades en torno a la liberación de líderes de bandas criminales, mientras que no avanza el proceso de realización de informes para autorizar la salida de personas con condenas ya cumplidas.

"La SNAI es inútil para hacer los informes de la gente que ya puede salir en libertad, pero es rapidísima para hacer los informes para que salgan en libertad los líderes de las bandas, como ha quedado demostrado (...) Hay que reducir la población carcelaria, trabajar desde la SNAI y ver, de la población carcelaria, quiénes están presos por alimentos, por tránsito y que ya cumplieron y que tienen que salir (...) Todas esas personas las tenemos que sacar y bajar la población penitenciaria", dijo la candidata.

Sobre la depuración en cuerpos de Policía y Fuerzas Armadas, González enfatizó que el proceso debe nacer desde las propias instituciones que se han visto desprestigiadas por vínculos de oficiales de alto rango con organizaciones criminales y con el narcotráfico.

"Los primeros que deberían interesarse en depurar la Fuerza Pública, tienen que ser los generales. Tiene que ser el propio comando conjunto de las Fuerzas Armadas, tienen que ser las autoridades máximas de la institución. Porque, primero, no están cumpliendo a los ciudadanos con garantizarles la seguridad y la vida y, segundo, están quedando como una institución vinculada al narcotráfico", sostuvo.

Asimismo, insistió en que para garantizar la seguridad ciudadana también se necesita establecer una agenda de trabajo conjunto entre ministerios de Interior y Defensa, junto a la Secretaria de Inteligencia y el sistema integrado de vigilancia ECU 911, del cual deberá nacer la política coordinada que debe devolver al Ecuador los índices que le valieron ser en algún momento el segundo país más seguro de América Latina.

"Hay que hacer un trabajo coordinado. En una misma mesa técnica hay que sentarnos: ministerio de Interior con la Policía Nacional, ministerio de Defensa con las Fuerzas Armadas, inteligencia, ECU 911 y empezar a trabajar para hacer una política pública integrada en seguridad", señaló.